Buscar
En un mundo donde las olas de calor, las sequías y las inundaciones se multiplican, la acción inmediata resulta imprescindible. La comunidad internacional ha comenzado a reconocer que enfrentar el calentamiento global no es solo un imperativo ambiental, sino también una prioridad económica de primer orden.
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) emergen como la herramienta clave para alinear objetivos climáticos y desarrollo inclusivo. Gobiernos, empresas y sociedad civil están llamados a sumarse a este reto global.
En 2024, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que la temperatura media global superó por primera vez los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. La probabilidad de que entre 2025 y 2029 se vuelva a superar este umbral asciende al 86%, lo que agudizará:
Estos fenómenos están íntimamente vinculados con crisis alimentaria, desplazamientos humanos y mayor desigualdad social.
Dejar de actuar acarrea pérdidas económicas devastadoras. Según estimaciones, si el calentamiento global supera los 2 °C, la economía mundial podría perder una media del 19% de su PIB para 2049. España, por ejemplo, enfrentaría una reducción del 18% de su producto interno bruto.
Las naciones de menores ingresos serían las más afectadas, con una caída de ingresos un 61% superior a la de los países ricos. En México, el coste del daño ambiental alcanzó el 4,5% del PIB en 2019, dejando al descubierto la magnitud fiscal de la crisis climática.
Frente a estos riesgos, invertir en mitigación resulta hasta seis veces más económico que asumir las pérdidas generadas por la inacción.
Las NDC permiten convertir compromisos políticos en planes de inversión y desarrollo. México, por ejemplo, ha lanzado una nueva estrategia nacional que busca garantizar beneficios en agricultura, energía y zonas rurales, fomentando un crecimiento económico sostenible e incluyente.
Varias herramientas de política fiscal y financiera están en marcha:
La claridad regulatoria es esencial: la incertidumbre puede reducir el PIB hasta un 0,75% en 2030. Por tanto, establecer marcos estables y predecibles fortalece la confianza de inversores y ciudadanos.
Un estudio conjunto de la OCDE y el PNUD proyecta que cumplir con NDC ambiciosas podría aumentar el PIB global un 3% para 2050 y hasta un 13% para 2100. Además, la eficiencia económica mejoraría de 0,34 kg de CO₂e por dólar producido a 0,14 kg en 2040.
Invertir en energías limpias y eficiencia energética no solo reduce emisiones, sino que también estimula la innovación y genera empleo. La reinversión de ingresos fiscales provenientes de tributos ambientales puede impulsar sectores estratégicos y asegurar una transición justa.
Las desigualdades agravan los impactos: las regiones menos responsables de las emisiones históricas sufren las peores consecuencias. En América Latina, México ocupa un lugar clave, siendo la segunda economía de la región y uno de los principales emisores de GEI.
Incorporar la perspectiva de equidad en las políticas climáticas es vital para proteger a las comunidades más vulnerables y garantizar que la transición energética no deje a nadie atrás.
La próxima COP30 en Brasil, 2025, se presenta como una oportunidad decisiva para elevar la ambición climática. Durante las “Semanas del Clima” y en diversas plataformas, los países deben traducir compromisos en acciones medibles.
El sector privado y la sociedad civil tienen un rol activo: la colaboración multiactorial acelera la innovación y fortalece la implementación de proyectos verdes.
Solo a través de una visión de largo plazo y de un esfuerzo conjunto podremos aprovechar las oportunidades que la acción climática ofrece, transformando riesgos en motores de desarrollo, empleo y bienestar para todos.
La urgencia es real, pero también lo son las soluciones. Al situar el cambio climático en el centro de las prioridades económicas nacionales, abrimos la puerta a un futuro próspero, justo y sostenible.
Referencias
