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La informalidad laboral en América Latina persiste como una de las fallas estructurales más graves que limitan el avance socioeconómico de millones de personas. En México, más de la mitad de la población ocupada carece de derechos plenos y protección social, un fenómeno que trasciende fluctuaciones coyunturales y refleja problemas profundos en el mercado de trabajo.
Datos del primer trimestre de 2025 muestran que la tasa de informalidad en México se situó en 54.3%, apenas un punto porcentual por debajo del nivel del año anterior. Esto equivale a 32.5 millones de trabajadores sin un contrato formal ni seguridad social, lo que revela la magnitud del desafío estructural que enfrentan el país y la región.
A nivel latinoamericano, Bolivia encabeza las cifras de informalidad, mientras que en Colombia la variación regional oscila entre el 30% y el 70%. En Argentina, casi seis de cada diez jóvenes menores de 29 años se encuentran en empleos informales. Las mujeres resultan ligeramente más afectadas que los hombres, con una tasa de informalidad del 54.9% frente al 53.9% masculino.
La persistencia de la informalidad se explica por un conjunto de factores arraigados en las instituciones y la economía. Entre ellos, destacan:
Estos elementos conforman un círculo vicioso donde la informalidad se reproduce y dificulta el desarrollo de emprendimientos sostenibles y formales, perpetuando la vulnerabilidad económica de amplios sectores de la población.
La ausencia de un contrato formal acarrea condiciones laborales inestables y sin prestaciones. Los trabajadores informales carecen de seguros de salud, pensiones y vacaciones pagadas, lo que incrementa su exposición a la pobreza y la precariedad.
Según estimaciones internacionales, la productividad de las empresas informales es en promedio un 75% menor que la de las formales, y sus trabajadores tienen cinco veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza. A nivel macroeconómico, un sector informal extenso genera mayor volatilidad del PIB, el consumo y la inversión, además de limitar la eficacia de políticas económicas como la monetaria y la fiscal.
La informalidad no afecta a todos de igual manera. Jóvenes y mujeres concentran las tasas más altas de empleo informal. En las zonas rurales, la falta de infraestructura y oportunidades fomenta la dependencia de actividades agrícolas y comercio ambulante sin registro.
Las desigualdades regionales agravan la situación: ciudades con menor desarrollo industrial y servicios muestran informalidades superiores al 60%, mientras que las metrópolis más dinámicas rondan el 45%. Estas brechas reflejan desafíos de integración económica y social aún pendientes.
Desde que existen registros, la informalidad en México ha permanecido por encima del 54%, con leves altibajos. Durante la pandemia de COVID-19 se observó una reducción temporal al 50.9% en el segundo trimestre de 2020, resultado de la pérdida masiva de empleos informales que no se tradujo en una mejora estructural.
La recuperación posterior mantuvo la tendencia al alza, evidenciando que la informalidad no responde a shocks aislados, sino a déficit institucionales y económicos de largo plazo.
Revertir la informalidad exige un enfoque integral que combine reformas laborales, fiscales y sociales. Entre las principales recomendaciones se incluyen:
La implementación de reformas estructurales integrales a largo plazo, acompañadas de monitoreo constante y colaboración público-privada, puede impulsar un cambio real. El fortalecimiento de la productividad y el acceso a la educación son pilares fundamentales para construir un mercado laboral más equitativo y dinámico.
En conclusión, la informalidad laboral continúa siendo un reto de enorme envergadura que demanda soluciones valientes y coordinadas. Solo a través de políticas bien diseñadas y la voluntad política será posible transformar el mercado de trabajo y ofrecer a millones de personas la oportunidad de un futuro con derechos plenos y prosperidad compartida.
Referencias
